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POR UNA COMUNICACIÓN INCLUSIVA DESDE LAS RADIOS LOCALES
Reunidos en la ciudad de La Paz, Bolivia, del 19 al 21 de noviembre de 2008, los participantes del Seminario Internacional sobre la “Radio Local en América Latina: Políticas y Legislación”, suscribimos el presente documento.
Considerando,
Que la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre Diversidad Cultural de la UNESCO, tratados internacionales vigentes como la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Declaración sobre Diversidad en la Radiodifusión de los Relatores de Libertad de Expresión de la ONU y la OEA establecen el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión a través de la radio.
Que ha sido iniciado un proceso de elaboración de estándares para legislación de radiodifusión comunitaria por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA.
Que ya se cuenta con un documento que establece los “Principios para un marco regulatorio democrático sobre radio y televisión comunitaria” elaborado por AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias) en consulta con otras organizaciones de la región.
Que hay un creciente reconocimiento del sector de la radiodifusión local, independiente y comunitaria en América Latina, a partir de políticas públicas y marcos de regulación establecidos recientemente donde destacan los casos de Uruguay, Ecuador y Colombia.
Que los aspectos anteriores abren una oportunidad histórica para que Bolivia profundice y avance, desde la experiencia lograda hasta ahora por el movimiento de la radiodifusión local y comunitaria, hacia una democracia participativa en la comunicación, en correlato con el proceso de democratización de la sociedad.
Reconocemos,
Que las libertades de expresión e información y los derechos a la comunicación y a la cultura son derechos humanos inalienables garantizados por tratados y declaraciones internacionales.
Que la comunicación es un derecho humano fundamental que debe ser promovido y protegido por el Estado, lo que supone ampliar las libertades de expresión e información diversas y plurales, así como garantizar su ejercicio mediante el acceso, la participación y la gestión en los procesos y medios de comunicación, creando condiciones para un desarrollo humano integral como premisa de la convivencia democrática, participativa, plural e incluyente.
Que tales derechos, incluido el acceso equitativo y la participación en los medios de comunicación, deben protegerse y extenderse en el contexto de los rápidos cambios en las tecnologías de la información y la comunicación en convergencia con las formas tradicionales de expresión.
Que el ejercicio efectivo de los derechos a la comunicación, a la información y a la libertad de expresión no se alcanza si no se garantiza la igualdad de oportunidades de acceso y participación en los medios de radio y televisión, evitando su concentración en pocas manos.
Que la participación comunitaria y ciudadana son indispensables en el proceso de democratización social, política, cultural y económica de los pueblos, porque permiten que la sociedad en su conjunto tome las decisiones sobre su presente y futuro.
Que el Estado debe garantizar tanto el pleno ejercicio de la libertad de expresión y de los derechos a la comunicación e información de forma plural y equitativa, lo cual implica reconocer y hacer efectivas las dinámicas, procesos y uso de los medios evitando prácticas discriminatorias.
Que la generación de legislación en comunicación y de políticas públicas locales, regionales y nacionales acordes al mismo sentido de este proceso, debe contar con la participación ciudadana en su propuesta, diseño, implementación y veeduría.
Que la autorregulación debe enmarcarse en las disposiciones creadas por leyes, asociaciones de medios y constituciones en la medida en que permite a los medios construir acuerdos éticos y comunicativos que se deben respetar en la práctica y vigilar con el apoyo de la participación ciudadana.
Que la diversidad y el pluralismo son objetivos fundamentales de cualquier marco regulatorio democrático en la radiodifusión.
Que el espectro radiofónico es un recurso natural reconocido como bien público y patrimonio común de la humanidad y por tanto el Estado debe administrarlo en función de este objetivo.
Que la radio y la televisión locales, independientes y comunitarias son medios que brindan un servicio y utilidad social respondiendo a un proyecto político de comunidad y sociedad, pluralista e incluyente.
Que las emisoras comunitarias, locales e independientes de los intereses comerciales, religiosos y partidistas deben promover la participación ciudadana así como la promoción y defensa los Derechos Humanos.
Que las radios y televisoras comunitarias, locales e independientes pueden ser actores privados que tienen una finalidad social o pueden ser iniciativa de organizaciones sociales de diverso tipo, sin fines de lucro, siendo su característica fundamental la participación de la comunidad en la propiedad, la programación, la administración, la operación, el financiamiento y/o la evaluación del medio.
Que no se trata de medios ni gubernamentales ni comerciales, pues no realizan proselitismo religioso o partidario y son independientes de los partidos políticos, las iglesias y/o las empresas comerciales.
Que una legislación adecuada sobre medios comunitarios, locales e independientes no debe imponer límites técnicos, territoriales, étnicos, de generación de recursos o tecnológicos arbitrarios, ni requisitos y condiciones de asignación discriminatorios. Más aún, debe proveerse de mecanismos y criterios diferenciados con respecto a otros sectores de la radiodifusión.
Por lo tanto concluimos y recomendamos que,
El movimiento boliviano de comunicación comunitaria y democrática tiene una responsabilidad histórica para reafirmar, profundizar y desarrollar la normativa, a partir de los avances logrados en el proyecto de la Constitución Política del Estado sometida al referéndum el 25 de enero de 2009.
Una primera tarea es que los medios comunitarios, locales e independientes bolivianos desplieguen los máximos esfuerzos para explicar los cambios que en materia comunicacional y en otros rubros claves para el futuro de Bolivia, están contenidos en el nuevo texto constitucional tan larga y trabajosamente construido.
Una vez aprobada la Constitución Política del Estado, corresponde al movimiento comunicacional boliviano desarrollar un intenso proceso de diálogos públicos y democráticos, así como la construcción de propuestas para la estructuración de la comunicación democrática en Bolivia a partir de los artículos 106 y 107 referidos al tema de comunicación.
Se debe iniciar un proceso de socialización del significado, trascendencia e implicaciones que tendrán para la comunicación en Bolivia los artículos mencionados, en el contexto de otros importantes cambios en la organización del Estado y de la sociedad bolivianos.
Entre las primeras medidas luego de aprobada la Constitución Política del Estado debería promoverse la formulación de un nuevo marco regulatorio en radiodifusión que reconozca la presencia y convivencia de tres diferentes sectores: público, comercial y comunitario, asegurando así un sistema de medios plurales y diversos.
Para ello se deben tomar medidas efectivas para democratizar el uso del espectro radioeléctrico estableciendo una reserva de por lo menos un tercio para la radiodifusión comunitaria (sin fines religiosos, partidistas o de lucro) y asignando las frecuencias a través de mecanismos transparentes y ágiles con participación ciudadana. Lo económico no debería ser el criterio que defina a quién se le asigna una frecuencia.
Los cambios legales deben ir acompañados del establecimiento de políticas públicas para promover y fortalecer el sector de los medios comunitarios, locales e independientes, tales como fondos públicos concursables, exoneraciones impositivas, y otros; el Estado debe también garantizar el acceso tecnológico digital a las comunidades.
Se deben adoptar medidas efectivas para evitar la concentración de medios en manos privadas, tanto de carácter oligopólico como monopólico.
Es necesario articular el movimiento de comunicación comunitario con otros sectores del ámbito comunicacional con los cuales se puede construir propuestas concertadas. Es también necesaria la articulación de alianzas con otros sectores sociales y actores claves para conseguir la aprobación y reglamentación de una nueva legislación sobre comunicación.
En este marco, hacemos un llamado público para constituir un Comité de Acción que impulse la construcción de propuestas, donde estén representados los radiodifusores locales, el sector académico y las redes de comunicación nacionales, con acompañamiento de redes regionales de comunicación. Damos nuestro voto de confianza a los organizadores del seminario para facilitar el proceso de constitución del Comité de Acción.
La Paz, 21 de noviembre de 2008
