Criminalization of Free Speech in Mexico

Continúa criminalización en contra del derecho a la libertad de expresión

• Posible cárcel en contra de mujer indígena purépecha de la radio comunitaria Uekakua en Ocumicho, Michoacán
• SEGOB y COFETEL acusan penalmente a integrantes de la emisora

México D.F., a 24 de junio de 2009.- Las organizaciones firmantes expresamos nuestro rechazo en contra de la persecución penal ejercida por parte de autoridades federales en contra de Rosa Cruz, de ocupación artesana, apenas hablante del español y que es integrante de la radio comunitaria purépecha Uekakua.
La radio Uekakua es una emisora de 5 watts de potencia ubicada en la comunidad de Ocumicho, Michoacán. Es la única radio en esa comunidad que transmite en lengua purépecha. Desde 2002 la radio ha solicitado permiso para transmitir, sin que hasta el momento hayan obtenido una respuesta satisfactoria por parte de la autoridad. Esto violenta el artículo segundo constitucional que reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a operar sus propios medios de comunicación, reforzado por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien estableció que en la Ley Federal de Radio y Televisión existe una omisión legislativa.

El 29 de enero de este año, aproximadamente 100 elementos de la Agencia Federal de Investigaciones acudieron a las instalaciones de la radio y con uso desmedido de la fuerza procedieron al cierre en una comunidad de apenas 3 mil habitantes. Los elementos policíacos amedrentaron a los niños que se encontraban en ese momento en la estación, amenazaron a las mujeres con golpearlas, le taparon la boca a una menor y le lastimaron la mano, y una señora fue arrastrada violentamente de la radio.

El pasado 13 de junio, la señora Rosa Cruz recibió un citatorio solicitándole su comparecencia en la Agencia Segunda Investigadora del Ministerio Público de la Federación ubicada en Uruapan, Michoacán en calidad de indiciada por la comisión del delito previsto en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, el cual alcanza hasta 12 años de prisión.

Este caso se suma al de otras radios, como la Radio Tierra y Libertad, en contra de las cuales la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y la Secretaría de Gobernación (Segob) han iniciado procedimientos penales seguidos de la utilización desmedida de la fuerza pública en el cierre de las emisoras. La persistencia por parte de las autoridades en la utilización de la legislación penal, en lugar de la administrativa – suficiente para recuperar la frecuencia-, constituye la continuidad de una política persecutoria y de criminalización en contra de las radios comunitarias, en este caso lo hace además en contra de una mujer indígena que tiene que enfrentar todo el peso de la ley en una situación muy grave de vulnerabilidad por su situación de pobreza y escasos recursos de defensa por su dificultad para hablar en español.

La persecución penal en contra de personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión en comunidades en situación de vulnerabilidad, constituye una vía excesiva, desproporcional e innecesaria, sobre todo cuando estas radios han demostrado su voluntad de legalidad y es la misma autoridad la que ha fallado en dar respuesta a sus solicitudes de permiso.

Cabe recordar que los organismos internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos han dicho que la vía penal sólo debe emplearse para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. El derecho penal es la última razón y por tanto su aplicación debe ser subsidiaria, es decir deben privilegiarse otras vías, de no ser así su empleo resulta abusivo y criminalizante.

Las radios comunitarias, por su naturaleza, aunque emplearan el espectro radioeléctrico sin permiso, en ninguna forma ponen en peligro ni generan un daño grave al bien, pues las radios tienen fines estrictamente sociales. Por tanto, el empleo de la vía penal no resulta necesaria ni proporcional, pues hay medios menos lesivos para que el Estado salvaguarde el espectro radioeléctrico.

Por tanto, las organizaciones firmantes expresan su rechazo en contra de esta política de criminalización en contra de integrantes de radios comunitarias y hacen un llamado urgente a las autoridades a fin de que cesen esta persecución y lleven a cabo las acciones necesarias a fin de resolver las solicitudes pendientes de permiso de manera inmediata.

Organizaciones Firmantes:
- Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México)
- Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI)
- Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P”
- Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
- Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
- Fundar, Centro de Análisis e Investigación
- Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.
- Red por los Derechos de la Infancia en México
- Academia Mexicana de Derechos Humanos, A.C
- Elige Red De Jovenes Por Los Derechos Sexuales Y Reproductivos A.C
- Red Nacional de Organismos Civiles "Todos los derechos para todos y todas"

El video con uno de los testimonios puede consultarse en la siguiente página: http://www.youtube.com/watch?v=LHhTJgF1bzk